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El Gobierno estatizó todas las rutas nacionales con peaje e incorporó 1700 empleados

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Después de meses de negociación, el Gobierno rescindió la concesión de cinco de los seis corredores viales que quedaban vigentes y que habían sido adjudicados en julio de 2018a través del régimen de participación público privada (PPP). Apenas quedó en pie el que corre por la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y que había sido ganado por la empresa argentina Green en conjunto con la empresa China Construction América, que evalúa presentar un esquema financiero para salvar el proyecto.

Termina así una iniciativa que, en resumen, genera un esquema en el que el privado pone el dinero para hacer las obras y se cobra con un bono del Estado después de terminadas, además de percibir el flujo de la recaudación por una determinada cantidad de años.

Mientras tanto, hay dos consecuencias: la falta de cobro del peaje y la estatización y el consiguiente pase a planta de una empresa del Estado de todos los empleados de las concesionarias.

“Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro. Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que sólo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados a la seguridad vial, auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera”, aclararon en el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis .

La otra cuestión es que todos los empleados de las concesionarias pasaron a formar parte de la nómina de una empresa estatal llamada Corredores Viales . Esta firma fue creada en épocas de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. La finalidad fue que allí se emplearan a los trabajadores de la concesión que tenía Cristóbal López en el corredor Ezeiza – Cañuelas cuando fue rescindida y hasta que se vuelva a privatizar, en julio de 2018.

En total, 1741 empleados pertenecerán a la empresa estatal. De esos, 512 pertenecen a Corredor Panamericano, un consorcio integrado por la empresa del Grupo Eurnekian, Helport; Panedile, comandada por el arrepentido en la causa de cuadernos Hugo Dragonetti; Eleprint, del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss y la española Copasa. La firma estaba a cargo de los corredores E y F que contenían las autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba y que fueron rescindidos de común acuerdo en setiembre.

Se suman, además, 222 trabajadores del Corredor A que corre desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata, y cuyos concesionarios eran Paolini Hermanos, Vial Agro e INC.

A esta nómina deben agregarse 295 del Corredor C que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar finalmente a Mendoza y que estaba en manos de José Cartellone, una de las empresas de obra pública más conocidas de la Argentina, que es, justamente, de origen mendocino.

Finalmente, nuevamente los 722 empleados que pertenecían a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma de Cristóbal López, que luego se rescindió y que fue adjudicada en 2018 a un consorcio integrado por Rovella Carranza, con fuerte presencia en San Luis; JCR (las siglas de Juan Carlos Relats, uno de los constructores preferidos del kirchnerismo y que era el inquilino del Hotel Los Sauces) y Mota Engil, una firma brasileña que está mencionada en varias investigaciones por el caso Lava Jato.

De esta manera, el Estado se quedó con los 1751 empleados. Maravillas de un país que elimina el riesgo empresario al estatizar la nómina.

“A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público – Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras”, comunicó el Ministerio.